SANTO DOMINGO. “El embarazo durante la adolescencia, el matrimonio a temprana edad y la violencia basada en género son los obstáculos más grandes que debemos enfrentar en República Dominicana”, dice la adolescente Amelia Ceballos, proveniente de San Cristóbal, que junto a otras 29 menores solicitaron al Congreso Nacional revisar el Código Civil para aumentar a 18 años la edad mínima legal de las mujeres para contraer matrimonio, “sin ninguna excepción”.
En un acto, desarrollado en el Salón Hugo Tolentino de la sede del Poder Legislativo, las adolescentes, de diferentes comunidades del sur del país y de liceos de la capital, expusieron las barreras que enfrentan para desarrollarse.
“El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de contribuir a la eliminación de cualquier barrera que impida a las niñas y adolescentes del país disfrutar plenamente de sus derechos”, agregó el Plan International República Dominicana (Plan RD), en el marco de la Celebración del Día Internacional de la Niña.
Según una comunicación de prensa del Plan RD, durante el acto en el que demandaban de los diputados y senadores legislar para evitar que en República Dominicana un importante porcentaje de las niñas contraigan matrimonios antes de los 18 años.
“Los datos son alarmantes, “37% de las niñas dominicanas se han casado o unido antes de cumplir 18 años. Somos el país con el triste primer lugar en la región. Esto es inaceptable”, afirmó la joven Ceballos.
Su compañera, Lisandra Valdez, de Azua, sostuvo que las menores siguen ausentes en los debates de temas que impactan sus vidas.
“Ausentes en profesiones y actividades que se pensaban eran aceptables solo para hombres y niños; ausentes en los espacios políticos, sociales y económicos donde nuestras voces pudieran crear el cambio necesario”, indicó Valdez.
Expusieron que otro problemática que enfrenta ese colectivo es que una de cada cinco, de entre 15 a 19 años, ya ha tenido hijos o ha estado embarazada, mientras que 7019 niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales solo en el año 2014.
Solicitaron más presupuesto para la extensión y efectiva implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos Adolescentes, así como la fiscalización a las instituciones responsables de su implementación.
“Y por último, exigimos más presupuesto a la Procuraduría General de la República para el establecimiento de un mayor número de Unidades de Atención a Víctimas de Violencia”, cerró Alicia Alcántara, adolescente de la provincia San Juan de la Maguana.
0 comentarios:
Publicar un comentario